Este 29 de junio se firmó la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid. Una ley que, desde su propuesta en marzo de este mismo año y cuyo precedente fue la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, ha tenido diferentes respuestas, tanto en el ámbito social, como en el intelectual e institucional.
A grandes rasgos, no se traduce más que en un reconocimiento de derechos para un colectivo que lleva años -décadas- luchando por dejar atrás la invisivilización a la que la sociedad le ha sometido. Un paso hacia delante por los derechos de las personas trans y el acceso a prestaciones sanitarias dignas, a la libre autodeterminación de género y, en especial, un gran paso hacia la desestigmatización de lo que significa ser trans.
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Esta ley presenta derechos como el reconocimiento de la identidad de género libremente manifestada, a ser tratado conforme a dicha identidad o a que se respete la integridad física y psíquica de las personas trans. Además regula una serie de actuaciones por parte de las instituciones, como que estas sean atendidas en proximidad sin sufrir desplazamientos ni gastos extraordinarios, la provisión de tratamiento hormonal o el acceso a la protección integral en respuesta a la violencia machista cuando las mujeres trans sean víctimas de la misma. Por otra parte, resalta la atención sanitaria en el ámbito reproductivo y sexual y la formación y concienciación del personal sanitario de manera más específica y resolutiva que su precedente de 2007.
Son muchas las voces -voces con cierto renombre y posición dentro del feminismo- que se han levantado contra esta Ley, argumentando una pérdida de derechos de las mujeres y calificándola como una reafirmación de los roles de género contra los que debería luchar el movimiento morado. Allanarles el camino, reconocer la libertad y la integridad de estas personas, no debería traducirse jamás en una pérdida de derechos para ningún otro colectivo y, mucho menos, para justificar la transfobia interiorizada de la sociedad.