La tortura en Euskadi: una realidad tan infame como incuestionable

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Por Iker Kaperotxipi

La tortura fue una práctica sistemática que representa la máxima expresión de la «guerra sucia» que el Gobierno llevó a cabo para combatir a ETA. Pese a que este término se utilice para referirse a los GAL, el verdadero terrorismo de Estado se desarrolló al mismo tiempo e intensidad a la lucha armada vasca. Todo ello con la tortura como hábito violento más representativo, impulsado y ocultado por los mandos policiales y políticos. 

Conocido antiguamente como suplicio o martirio, la tortura es el acto de infringir daño físico o psicológico con el fin de dar castigo o conseguir cierta información o reacción por parte del torturado. Es una práctica criminal y a su vez incongruente en cualquier Estado de Derecho. De hecho, la Declaración de los Derechos Humanos lo prohíbe tajantemente en su artículo 5. También es rechazado y perseguido por todas las organizaciones internacionales que velan por la justicia social y los derechos básicos naturales. 

Lejos de ser un anacronismo, la realidad es que la tortura está más que presente en nuestros días. Siempre de forma clandestina y secreta, a espaldas de la opinión pública. Además, el terrorismo, las guerras o las confrontaciones nacionalistas son el caldo de cultivo para que estas prácticas violentas se conviertan en ejercicios sistemáticos y habituales.

Jean-Paul Sartre, reconocido activista político y escritor, tiene una opinión rotunda: «Matar puede ser una atrocidad o una hazaña, pero para la tortura no hay puntos de vista. Siempre es sadismo, enfermedad mental o fría eficacia técnica. Por eso los humanos somos la única especie capaz de practicarla».

LA TORTURA COMO ARMA FRENTE A ETA

Durante el franquismo la violencia era el pan de cada día en España. Una represión respaldada y apoyada por un régimen totalitario que utilizaba la tortura como medio represivo y disuasivo ante cualquier amenaza. Sin embargo, la transición y los años de democracia están lejos de ser un camino de luz y rosas. En un informe elaborado por la UPV/EHU a petición del Gobierno Vasco, se especifican más de 4113 denuncias por torturas, con un 97% de casos de completa credibilidad, siguiendo los criterios establecidos por el Instituto Vasco de Criminología.

De todos ellos, sólo 20 casos han derivado en resoluciones firmes. En total han habido 49 funcionarios condenados. 21 de la Policía Nacional, 29 Guardias Civiles y sorprendentemente ninguno de la  Ertzaintza. De todos modos, se calcula que la incidencia real de estos casos asciende a unas cifras mucho mayores, debido a las dificultades de acreditar los casos más antiguos y dado al silencio de muchas víctimas. 

Estos datos demuestran que más allá de ser una práctica generalizada en la policía, también es un hábito amparado por los poderes judiciales. De esta manera, los jueces y los tribunales han solido dotar de total inmunidad a los denunciados, vulnerando cualquier derecho humano y cometiendo feroces injusticias bajo el paraguas de «todo es ETA». Paraguas autojustificatorio que ha dañado la integridad de inocentes y simples civiles. Todas las pruebas, imágenes, declaraciones y cifras recogidas son rechazadas por la gran parte de la política española, que acusa a ETA de seguir un protocolo de denuncias falsas cuando son detenidos. 

Fuera de españa

No obstante, los observadores y las organizaciones internacionales contradicen plenamente la cínica postura de los distintos Gobiernos de España. Mientras negaban tajantemente el uso de la tortura, a su vez ponían todo tipo de trabas e impedimentos para su prevención o para hacer justicia. 

Los distintos comisionados enviados por Naciones Unidas durante la década de los 2000, entre ellos Theo van Boven y Martin Scheinin, determinaron que la tortura existía y que era altamente necesaria la implementación de determinadas medidas para prevenirla. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en 8 ocasiones al Gobierno Español por no investigar los casos denunciados, evidenciando la absoluta falta de imparcialidad y el respaldo sistemático de estas prácticas criminales. 

Tal y como afirman las organizaciones internacionales y los expertos en la materia, el mayor problema del sistema reside en el modus operandis de la policía y en las mismas leyes. El artículo 509 del Código Penal, autoriza la detención incomunicada y establece un máximo de 5 días que puede prolongarse llegando hasta los 13 días. Solamente en los 35% de los casos denunciados de tortura los detenidos salieron en los primeros 5 días, lo que deja en evidencia como la policía retiene durante más tiempo a los acusados para esconder los daños infringidos o para continuar con las prácticas.

Las razones que la impulsan no están únicamente relacionados con sacar información, ya que incluso se suelen dar en la cárcel. Es pura venganza con tintes sádicos, lo cual refleja el odio de los policías hacia el entorno abertzale. El odio es entendible, pero cuando los actos de ira escapan de la legalidad, se vuelven intolerables. 

Tortura sexual

La tortura sexual también es una realidad en los cuarteles de la policía, especialmente presente en detenciones de mujeres. En estos casos de tortura, el daño es doble. El agresor combina la violencia con la invasión de los órganos sexuales de la víctima, mucha más propensa y expuesta a secuelas y daños psicológicos. El uso de palos, los electrodos o la violencia directa en las zonas genitales son las prácticas más habituales. El Protocolo de Estambul establece ciertas medidas para localizar y prevenir la tortura sexual, mediante inspecciones de la zona genital, observación de la orina, disfunciones en la erección… Medidas que jamás se han llevado a cabo en España. 

En consecuencia a todo esto, los observadores internacionales  lanzaron encarecidas recomendaciones: eliminar los periodos de incomunicación, grabar durante los interrogatorios y las detenciones y el derecho a examinaciones médicas por parte de los detenidos, recogidos en el famoso «Protocolo Garzón».

Negación desde los gobiernos de españa

A pesar de la presión internacional y social, los distintos Gobiernos de España siempre se han cerrado en banda ante cualquier acusación, sugerencia o exigencia. Se denegó en reiteradas ocasiones la  solicitud de los demandantes para identificar a los agentes mediante su número de placa, y jamás se les autorizó a ver las grabaciones de sus detenciones para utilizarlos como prueba. Todo ello estimula un sistema opaco que dota de total inmunidad a los policías y que a su vez vulnera cualquier derecho humano del detenido. 

De todos modos, la lamentable posición del Estado español con respecto a la tortura también se manifiesta a posteriori. El indultómetro de la periodista Eva Belmonte revela que 39 policías condenados por torturas han sido indultados desde el inicio de la etapa democrática. 26 por parte del PP y 13 por el PSOE, con una mayoría de agentes condenados en casos relacionados con ETA

Reconocimiento y reparación

Por otro lado, años atrás se aprobó la Ley de Reconomiento y Reparación de Víctimas de vulneración de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política, impulsando una política de reparación que contempla indemnizaciones y asistencia sanitaria a las víctimas de tortura reconocidas por una Comisión de Valoración. Una ley que debería tener un aparente apoyo unánime pero que fue recurrida sin resultados en el Tribunal Constitucional por parte de Ciudadanos y el PP. 

Toda una larga lista de acontecimientos y datos que apenas reflejan una minúscula porción de la política de tortura llevada a cabo en Euskadi. Una de las prácticas que más leña echó al fuego alimentando la interminable espiral bélica entre ETA y el Estado Español. Posiblemente la cara más visible de la guerra sucia del aparato político-policial, una realidad incuestionable cuya censura y negación evidencia una democracia que se cae por su propio peso. Toda violencia tiene al menos cierta parte condenable y reprochable, pero aquella que a posteriori ni se reconoce y ni se repara, pierde toda legitimidad y justificación. Justicia, verdad y reparación. Después podemos empezar a hablar de democracia.