No estamos viviendo una época de cambio, sino un cambio de época. Hace una década, el 28 de noviembre de 2010, WikiLeaks filtró más de medio millón de documentos diplomáticos de los Estados Unidos. Julian Assange (Townsville, Australia, 49) estaba al mando de la operación. Ocupó las portadas de El País, Le Monde, The Guardian, o del The New York Times. Una bomba mediática sin precedentes en la que se explotaron informaciones sobre la Guerra de Afganistán, la Guerra de Iraq o sobre la cárcel de Guantánamo.
Assange hizo temblar al Pentágono y Obama, y más de un teléfono al otro lado del charco sonó durante toda la noche. Automáticamente, y tan solo por informar, Assange quedó visto para sentencia y fue declarado enemigo de Estados Unidos. Se vio obligado, quizá lo tenía previsto de antemano, a huir del país. Desde 2012 Assange vivía en la embajada de Ecuador en Londres, lugar en el que pidió asilo político. A 15.500km de su lugar de nacimiento.
Lenín Moreno y la ruptura del asilo
Siete años después de que se instalará en la embajada ecuatoriana en Reino Unido, la victoria de Lenín Moreno en Ecuador tensó la relación entre el país y Assange. El 11 de abril de ese mismo año -2019- Moreno decidió entregar a Julian Assange a las autoridades inglesas, por supuestamente filtrar documentos que acusaban a Moreno y a miembros de su familia de haber cometido delitos económicos a través de empresas fantasma.
Además, Moreno lo acusó de filtrar documentos secretos de El Vaticano, de instalar equipos electrónicos de distorsión no permitidos, por el bloqueo de las cámaras de seguridad de la embajada y de haber accedido sin permiso a los archivos de seguridad del recinto. Por último, el detonante final que habría terminado con la paciencia del mandatario ecuatoriano sería las amenazas de WikiLeaks al Gobierno de Ecuador.
Automáticamente, y una vez retirado el asilo político, las autoridades británicas detuvieron en la puerta de la embajada a Assange. Deteriorado físicamente y mentalmente, las imágenes del arresto inundaron las redes sociales y las portadas de todos los medios de comunicación, un hecho que cambiaría el destino del fundador de WikiLeaks. «Assange no es ningún héroe, se ha escondido de la verdad durante años y años. Es correcto que su futuro sea decidido por el sistema judicial británico», declaró el ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt.
Assange y la justicia
Ahora la justicia británica decidirá si extradita a Assange a los Estados Unidos. El país americano asegura que la filtración de WikiLeaks puso vidas en peligro, porque los papeles confidenciales se publicaron sin editar. Los abogados estadounidenses mantienen una actitud agresiva y bélica, pero en diez años no han podido demostrar que ni un sola muerte o tortura haya sido por culpa de los citados documentos. El australiano, en caso de ser extraditado, se enfrentaría a 18 cargos penales y 175 años de prisión. También se debate la pena de muerte.
Si se pone el mono naranja, Assange contemplaría sus días pasar tras los barrotes de la cárcel de máxima seguridad ADX Florence -allí están, por ejemplo, El Chapo, Unabomber o Ramzi Yousef- Además, cabe destacar que la salud de Assange es pésima, y en caso de contraer la COVID-19 -existe una alta tasa de contagio dentro de las cárceles– su vida estaría en potencial peligro. Lo dejarían morir dentro. Actualmente, en Londres, la situación de Assange no mejora. El preso está recluido en una celda a 0º grados, apenas ve la luz del sol y el trato de los funcionarios de prisiones es deleznable. Un trato inhumano y criminal por informar.
Muerte de la libertad de expresión
En el juicio de extradición de Assange no solo se condenará a una persona, también se pondrá en jaque la libertad de expresión. Un aviso para navegantes de los Estados Unidos. Y con la amenaza a la vista más de 1600 periodistas de todo el mundo firmaron un manifiesto internacional en defensa del creador de WikiLeaks. Entre ellos se encuentran nombres propios como el de Daniel Ellsberg (Papeles del Pentágono), Edward Snowden (NSA) o Katherine Gun (Secretos de Estado). Declaración de intenciones.
Desgraciadamente los casos de persecución gubernamental por informar no se limitan a Julian Assange. Brasil, imitando el modelo estadounidense, persigue a Glenn Greenwald, fundador del medio de comunicación The Intercept. Greenwald publicó información sobre el ministro de Justicia de Bolsonaro y sobre la posible irregular encarcelación de Lula da Silva. Otro caso sonado es el de Edward Snowden, que filtró cientos de documentos clasificados de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU. Ambos perseguidos, repito y no me cansaré, por informar.
Assange, sin precedentes
Lo que es claro es que sin Assange y WikiLeaks jamás hubiéramos sabido nada sobre los crímenes de guerra en Irak y Afganistán; sobre el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos -la NSA– a líderes mundiales y representantes mundiales de la ONU; o los abusos y torturas en Guantánamo y otras cárceles, etc. Estados Unidas justifica (con la omisión de la publicación) que archivar muertes, atentados y violaciones de los derechos humanos sirven para proteger la integridad y seguridad nacional.
El caso de Assange no tiene ningún precedente, y según el periodista Carlos Enrique Bayo: «por primera vez en la historia de EEUU un periodista iría a prisión por revelar información verdadera en interés de la ciudadanía«. Además cree que «sería un precedente devastador para la libertad de prensa» y que «es el caso más importante desde el de los Papeles del Pentágono, hace más 50 años”.
Si finalmente Julian Assagne es extraditado a EEUU se abrirá la veda, por tanto, para que los gobiernos criminalicen y sentencien a cualquier periodista que filtre información comprometida. La pena de muerte, o 175 años de prisión, sería la sentencia para el creador de WikiLeaks. Pero lo que tenemos seguro es que, además, sería el primer paso para iniciar una política del miedo sobre publicar información clasificada en los medios de comunicación.