8 de abril de 2003. Bagdad, capital de Irak. Un tanque de Estados Unidos dispara al hotel donde se alojaban la mayoría de los periodistas extranjeros que cubrían la invasión de Irak. Muere, junto a más periodistas, el reportero gráfico español José Couso. Hoy, 17 años después del atentado, todo continúan siendo dudas y reproches, pero hay un despliegue en el quid que no tiene interrogantes: todavía no se ha hecho justicia.
El cámara de 37 años estaba cubriendo la invasión de Irak hasta que un tanque estadounidense disparó contra el hotel de periodistas donde Couso se alojaba. Buford Blount, comandante de la 3ª División de Infantería, declaró que el tanque disparó porque pensaban que “estaban siendo atacados por francotiradores”. Teoría que, a medida que avanzaba la investigación, el Pentágono fue cambiando y manipulando.
Couso, que en el momento del disparo se encontraba grabando desde la planta 14 del hotel, falleció horas después mientras era intervenido en el hospital de la pérdida de una pierna y daños en la mandíbula, cabeza, barbilla, pecho y el costado, perdiendo así una gran cantidad de sangre vital. Sus restos mortales llegaron a Madrid a bordo de un avión del Ejército español, acompañado Jon Sistiaga, periodista que lo acompañaba en Bagdad.
Sin respuesta por José Couso
Tras una infinidad de juicios y recursos, el caso continúa abierto y sin previsión de una sentencia temprana. A un lado del cuadrilátero está la justicia española, que ha condenado al Estado a indemnizar a la familia. Al otro lado, el Gobierno, que ha recurrido la decisión de la Audiencia Nacional. En la mitad, una familia rota -Couso dejó atrás a su mujer y dos hijos- desde hace 17 años.
En junio de 2019 (recapitulamos a partir de este año) el Tribunal Constitucional desestimó los recursos contra el archivo de la investigación del fallecimiento de José Couso, acción que confirmó el sobreseimiento acordada por la Audiencia Nacional. ¿El motivo de la negativa? La reforma de la normativa española sobre la jurisdicción universal por mano del PP en el año 2014.
Agotadas las vías jurisdiccionales en España, la familia Couso acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para reabrir el caso. La aspiración de este tribunal era determinar si la reforma de la normativa española sobre jurisdicción universal -la que hemos mencionado en el párrafo antes- supuso una vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Últimos movimientos
A los 10 días del año 2020 la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional condenaba al Estado a indemnizar a la familia de José Couso. Esta sala considera que España omitió su deber de brindar protección diplomática internacional, al no defender los intereses de la familia frente a EE. UU.
Así, el Gobierno fue condenado a indemnizar con 182.000€ a la familia por -principalmente- a “limitarse a recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por la Administración estadounidense”. Pero, lejos de aceptar la sentencia, el Gobierno anunció que recurriría la decisión de la Audiencia Nacional.
Cloacas
Los intereses y especulaciones detrás de la muerte de Couso continúan vigentes. Las presiones de los gobiernos, las confusas declaraciones del Pentágono, las actuaciones del ejército americano o los papeles filtrados por WikiLeaks hace intuir, y no hay que ser muy inteligente para percatarse, que algo más se esconde en la muerte de José Couso.
Y es que el asesinato del periodista gráfico español no es más que otro caso de cloacas e intereses internacional. Matar nunca había salido tan barato. Hasta que la justicia dicte sentencia y procese a los tres (¿tres?) militares estadounidenses que dispararon al hotel Palestina todo serán dudas y teorías.