Solo 460.000 personas han recibido la ayuda económica mientras las administraciones preveían llegar a 2,3 millones de ciudadanos
Un confinamiento total, nunca antes conocido, supuso el cierre de miles de negocios o la bajada productiva, casi completa, de los que se mantuvieron y no respondían a los servicios esenciales. Los ERTES o la pérdida total de empleo supusieron un fuerte golpe para las familias españolas, que se encontraron maniatadas en sus casas sin poder reaccionar. Tras la salida parcial del confinamiento, a mediados de mayo, la economía, maltrecha, se preparaba para la tímida incorporación de sus supervivientes. En este contexto, el 29 de mayo, el Gobierno español aprobaba vía Real Decreto-ley un ingreso mínimo vital, una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantizaba ingresos mínimos a quienes carecían de ellos.
Lo que parecía una maniobra de salvamento para familias vulnerables, se ha convertido en un espejismo para engordar la fábula de progresismo y de las medidas sociales de las que alardea la coalición PSOE-UP. A finales de noviembre, el Gobierno respondía en el Congreso que la Seguridad Social había resuelto un 32,3% de las peticiones del ingreso mínimo vital hasta la fecha. En diciembre, de 1.000.000 expedientes, la administración habría tramitado casi el total de las solicitudes. Pero los problemas empiezan aquí, de las solicitudes tramitadas solo se habrían aprobado alrededor de 50% que lograron superar los requisitos. Cuando se puso la medida en marcha, el Gobierno pretendía llegar a 850.000 hogares y a 2,3 millones de personas. 6 meses después, la realidad es que la administración no está sabiendo gestionar una herramienta con la que dar de comer a miles de familias.
Problemas en la petición
La mayor trampa en la que han caído los solicitantes del ingreso mínimo vital ha sido en la forma de hacerlo. Los primeros meses de la puesta en marcha de la medida han convivido con el cierre de la mayoría de las oficinas de la Seguridad Social y, por lo tanto, la tramitación exigía unos mínimos conocimientos online, que no han resultado ser tan “mínimos”. El lenguaje y la terminología de los formularios no se han confeccionado para personas que no están acostumbradas a términos administrativos siendo muy confuso para los solicitantes. Además, la alta demanda ha colapsado las líneas telefónicas que daban acceso a una atención humana y los solicitantes, una vez más, se han chocado contra a una barrera llamada burocracia.
Otro de los problemas se encuentra en la falta de información. Según ha anunciado Cáritas, la mitad de los hogares que atienden no tenían información sobre el ingreso mínimo vital. Lo que supone otro fracaso para la administración al no transmitir de forma efectiva el paquete de ayudas ofertado a las personas en situación de vulnerabilidad. Esto demuestra que se ha puesto en marcha una medida social “vital” que ni siquiera es capaz de darse a conocer en todos los sectores de la sociedad con un alto riesgo de exclusión.
Nuevas medidas
Tampoco es alentador el panorama tras lograr completar las dificultosas gestiones para pedir el ingreso. Más del 70% de las personas que han pedido la ayuda y que son acompañas por Cáritas, todavía están a la espera de respuesta. Hablamos de personas que llevan meses sin ingresos, sin poder pagar las facturas y comiendo gracias a esta ONG. Por otro lado, el Ministerio de Transición Ecológica ha anunciado que ampliará la prohibición de los cortes de suministros básicos como el agua, la luz y la calefacción a las personas vulnerables. Además, el Gobierno ha aprobado otro decreto para parar los desahucios. Unas medidas que a la espera del Ingreso Mínimo Vital pueden ser una bombona de oxígeno.
De todos modos, las medidas llegan tarde. A finales del mes de agosto, con la pandemia muy avanzada y familias que llevaban tres meses sin ingresos, el IMV (ingreso mínimo vital) apenas llegaba a un 1% de los solicitantes. Asimismo, si bien las notificaciones de desahucios quedaron archivadas en los meses del Estado de Alarma, han vuelto para amenazar a familias en situaciones económicas extremas que son incapaces de pagar su vivienda. En Bilbao, por ejemplo, una mujer de 69 años fue desahuciada en el mes de septiembre. Está persona, por superar la edad de 65 años, no tendría derecho al ingreso mínimo vital y es otro signo más de la debilidad de nuestros mayores. Vulnerables a otro virus llamado pobreza.
Crisis para los más vulnerables
Si bien creímos que con esta medida los políticos nos defendían en una época crítica, la realidad es que, al igual que en 2008, la crisis la pagan los de abajo. Con ayudas que no llegan y miles de negocios cerrados, mientras los índices de pobreza aumentan y las ONGs no dan abasto para atender a las familias, el Gobierno no toma cartas en el asunto para desbloquear el colapso de las administraciones.
Mientras en el Congreso se habla de ETA y de los presos catalanes, los políticos se han olvidado de solucionar el problema que tiene la Seguridad Social con el IMV, de gestionar este salvavidas con las administraciones del Estado y de las comunidades. Se han olvidado de 2,3 millones de personas a las que les prometieron un subsidio para tener un techo, comer y poder encender la calefacción en invierno. Una vez más, nuestro Gobierno, sea de izquierdas o de derechas, pasa la factura de la crisis a los más vulnerables.