El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publica la mayor filtración de documentos de despachos privados de la historia que involucra a unos 600 españoles
Imagínate 11,9 millones de documentos. Un equipo de más de 600 periodistas de 117 países diferentes (en la ONU hay 193). Más de dos años de investigación rebuscando entre 29.000 cuentas bancarias en el extranjero, documentos de creación de empresas, transacciones, correos electrónicos y fotografías. 35 jefes y exjefes de Estado desenmascarados por sus tretas fiscales. 330 altos cargos de diferentes administraciones que también han jugado a lo mismo. Además, una larga ristra de empresarios, millonarios, deportistas, artistas y demás morralla moral que quiere engordar los ceros de sus cuentas ahorrándose pagar impuestos. Estos son los escandalosos números de los Pandora Papers, la mayor filtración de documentos de despachos privados de la historia.
Si se quiere ver el lado positivo de todo esto, cabe destacar la labor coordinada y profesional de todos estos periodistas bajo el paraguas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés). Realmente alegra (o consuela) ver que todavía existe una parte de este gremio que no renuncia a desempeñar el papel de cuarto poder, de punto de equilibrio y de solicitar rendición de cuenta a los poderosos y los que hacen trampas, que habitualmente suelen ser los mismos. Parece que todavía merece la pena pagar la suscripción de algunos diarios para apoyar y financiar este tipo de investigaciones que, siendo sinceros, representan islotes en medio de un mar de mediocridad y acomodamiento. Aunque también chirría que entre tanto dato y número no se encuentre ni un solo político estadounidense
A pesar de ello, no cabe duda de que este tipo de actividades fraudulentas dañan y agrietan considerablemente unos Estados del Bienestar, que ya de por sí dejaron de funcionar correctamente hace años, y que se ven maniatados por un déficit público galopante que necesitan mantener o aumentar para poder costear todos los servicios públicos. Aunque siendo sinceros, esa “fiscalidad justa” que reclaman sectores de izquierda y partidos como Unidas Podemos no supondría ninguna solución final en el marco de un sistema capitalista cuya ley de funcionamiento principal es la búsqueda de la rentabilidad. No obstante, hay que reconocer que, en el corto plazo, el fraude fiscal conlleva grandes pérdidas al Estado, lo que inevitablemente se traduce en un empeoramiento de los servicios públicos y que, por tanto, acaba padeciendo la clase obrera. Sin ir más lejos, la Agencia Tributaria calcula que en el ejercicio fiscal anterior se perdieron entre 25.000 y 45.000 millones de euros. Casi nada.
Elusión y evasión
A pesar de ser moralmente reprochable, llevar dinero al extranjero no es algo que sea ilegal per se. Suele ser ciertamente indignante cuando se descubre que alguien que “ama a su patria”, se envuelve en su bandera y defiende los valores fundacionales tiene una cuenta en las Islas Cook para evitar el pago de impuestos. De hecho, si tienes menos de 50.000 euros en activos en el extranjero ni siquiera tienes que avisar al fisco español. Eso sí, una vez superada esa cantidad sí que se debe declarar. A este tipo de mecanismos tributarios se les llama elusión fiscal y consisten básicamente en encontrar los resquicios legales para minimizar el pago de impuestos, algo que, sobre el papel, es totalmente legal.
Los métodos para llevar ese dinero a otro país pueden variar desde abrirse una cuenta bancaria en un Estado cuya legislación permita a los bancos no dar información sobre sus clientes, como es el caso de Holanda o Suiza, o también se puede gestionar a través de las conocidas como sociedades offshore o empresas fantasma en paraísos fiscales como Panamá, Seychelles o Fiyi, que se suelen constituir con la ayuda de despachos de abogados especializados o testaferros individuales que también se llevan grandes mordidas por echar un cable.
De estas figuras jurídicas se han aprovechado la grandísima mayoría de los nombres presentes en los Pandora Papers para esconder sus grandes fortunas y desgravar sus extravagantes lujos de manera estrictamente legal o alegal. Desde el casoplón victoriano del exministro británico Tony Blair hasta las 14 empresas pantalla que tiene el actual presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, pasando por un largo etcétera de personalidades como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, o los expresidentes colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana.
La línea que separan estas prácticas de la evasión fiscal es muy fina, y si se llevara a cabo un estudio caso por caso se encontrarían seguramente irregularidades por las que imputar a sus protagonistas. Según el artículo 305 del Código Penal español, el fraude fiscal que supere los 120.000 euros será castigado con penas de entre uno y cinco años de cárcel y el pago de lo defraudado multiplicado por seis.
Sin embargo, los equipos jurídicos que asesoran y gestionan los patrimonios de semejantes figuras públicas se suelen cubrir bien las espaldas para evitar cometer cualquier tipo de delito. Los abogados de la cantante Shakira, por ejemplo, declararon hace unos días a El País que «el hecho de contar con sociedades en el extranjero se basa en una cuestión puramente operativa y comercial, y en ningún caso para disfrutar de ventaja o aprovechamiento fiscal alguno”.
¿Y entonces qué problema hay?
El obstáculo principal para combatir este tipo de corrupción legal es la descoordinación que existe entre los estados para aplicar legislación severa contra estas prácticas. Esto se da porque cada país define y considera como paraíso fiscal según sus intereses particulares, dejando fuera de estas listas negras a socios estratégicos o cercanos que conviene no molestar. Por ejemplo, la Unión Europea elabora y actualiza todos los años su lista particular para denominar qué países son considerados como paraísos fiscales, pero en cada ocasión prefiere no incluir a los paraísos fiscales existentes dentro de la Unión, como pueden ser Irlanda, Malta o Luxemburgo y tampoco a sus aliados más cercanos, como Suiza.
Para combatir estos desajustes se deberían establecer unos criterios básicos compartidos por la mayoría de estados del mundo y establecer unos impuestos mínimos para los grandes capitales. A pesar de los intentos de la ONU por generar estos consensos, la solución final todavía queda lejos, pues las grandes empresas ejercen mucha presión para mantener estos paraísos en los que se ahorran millones de euros. Además, algunos países, entre ellos grandes potencias como Estados Unidos o el Reino Unido, tienen en su territorio pequeños espacios como islas o enclaves con bajos impuestos de los que se aprovechan para atraer inversión y movimiento de dinero. Los pequeños países con menor nivel de desarrollo también emplean estas técnicas de competencia fiscal para hacerse rápidamente con un gran flujo de divisa.
La segunda problemática se encuentra más relacionada con aspectos morales. No sorprende sobremanera que un empresario intente esconder su capital para pagar menos, pues en su razón de ser se encuentra el maximizar los beneficios, y como ya se ha visto en incontables ocasiones, lo suelen hacer a pesar de todo y aunque se perjudique a todos. Esto no les exime de la culpa, desde luego. Pero el fraude preocupa aún más cuando se descubre que los representantes políticos de diversos países y distintas ideologías, que tanto hablan del amor por la patria y el deber ciudadano para con el país son también parte de esta corrupción. ¿No será que la política en los términos en los que se da hoy día es una teatralización de un gran negocio encubierto?
Spain is not different
Esta filtración masiva de documentación también afecta a España y, aunque todavía no se ha revelado la lista completa de involucrados, se estima que unos 600 españoles estarían presentes en estos papeles. La punta de lanza, habitual en estos temas, es el rey emérito Juan Carlos I, que ya apareció en los papeles de Panamá y ha sido protagonista de varias regularizaciones con Hacienda.
En esta ocasión, el emérito no consta como titular de ninguna empresa offshore, pero sí que es citado en un documento que presuntamente pertenecería a Corinna Larsen, amante del rey, y por el que a su muerte se le adjudicaría al monarca español el 30% de los ingresos provenientes del llamado “Fondo de Inversiones Hispano Saudí”. Este fondo fue creado en 2006 durante una visita de los reyes a Arabia Saudí con el fin de atraer inversión de empresarios españoles para llevar a cabo grandes proyectos de infraestructura en el país del golfo. En 2007, Larsen comenzó a participar en este fondo y de ese mismo año data el documento que ahora ha sido filtrado, y por el que Juan Carlos se llevaría una mordida de los beneficios en caso de defunción de ella.
Otro de los señalados por los Pandora Papers son Pep Guardiola, que habría sido titular de una cuenta bancaria en Andorra sin declarar hasta que Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda de Rajoy, promulgara su conocida amnistía fiscal, o Julio Iglesias con un entramado de 19 empresas fantasma con sede en Punta Cana y con las que se habría dedicado a adquirir inmuebles y yates.
Durante los últimos años hemos sido testigos de numerosos casos de fraude fiscal a gran escala y diversos casos de ‘papers’: Falciani, Panamá, Pandora… Lo que no se ha visto tan claramente son las consecuencias para estas personas que buscan lucrarse a costa del resto, ni tampoco medidas sustanciales a nivel global para acabar con esta lacra. Ante esta situación cabe plantearse lo siguiente: ¿se puede acabar realmente con el fraude fiscal o es (otro) mal endémico del sistema en el que vivimos?