Los líderes independentistas catalanes, que llevan en prisión preventiva casi dos años ya conocen su injusta sentencia. El Tribunal Supremo ha dado a conocer las condenas, llevándose la palma Oriol Junqueras con 13 años de prisión por malversación y sedición. La respuesta en las calles ha sido inmediata. Multitud de manifestantes han paralizado vías ferroviarias, carreteras y accesos, han intentado tomar pacíficamente el aeropuerto del Prat y se han congregado en las calles. Es el tsunami democrático movilizándose contra la persecución ideológica de ¿presos políticos?
Alrededor de esta cuestión hay un gran debate: ¿son o no son presos políticos? Si bien no hay una definición aceptada a nivel mundial sobre qué es un preso político, podemos atenernos a los cinco puntos que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó para definir qué es un preso político. Según la PACE (por sus siglas en inglés), estos puntos contemplan una serie de requisitos: que haya habido una violación de las libertades de pensamiento, religión, libertad de expresión o reunión, entre otras; que las detenciones sean impuestas por razones políticas y no tengan conexión con ningún delito tipificado; que, por motivos políticos, la medida de prisión o detención sea desproporcionada; que haya discriminación del preso respecto a otras personas; y que la detención sea el resultado de procedimientos injustos.
Aquí es claro el caso de los Jordis, que llevan en prisión desde el 16 de octubre del 2017 y son acusados de sedición por haber convocado una concentración el 20 de septiembre de ese año como protesta por la detención ese mismo día de 14 altos cargos. Se les acusa de sedición porque, parece ser, se alzaron “pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales” (artículo 544 del Código Penal de España). Una concentración violenta dicen, y solo tenemos como consecuencia tres coches de la guardia civil llenos de pegatinas (¡cuidado no sean bombas lapa!) y algún cristal roto, que, por cierto, estaban aparcados en un lugar realmente sospechoso, ¡justo en medio de la concentración! Quizá su inteligencia para prevenir incidentes no sea muy aguda, a no ser, claro, que buscasen una imagen de “violencia”. Los Jordis han sido finalmente condenados a 9 años de cárcel.
Es claro que la detención de los Jordis por esta concentración es totalmente desproporcionada y por razones políticas sin poder ligarse realmente al delito del cual se les acusa, además que la duración de la detención es excesivamente larga (llevan ya dos años de prisión preventiva), y, por tanto, la detención ha sido resultado de procedimientos injustos y grandes mentiras mediáticas. Con solo cumplir uno de los cinco puntos de la PACE ya basta para ser considerado preso político, aquí se están cumpliendo tres de cinco.
Esto solo fue la puerta para la detención de los demás líderes políticos independentistas. También vale la pena recordar que todos y todas las exiliadas se entregaron a la justicia europea, que ha negado la extradición por falta de delitos.
Si bien este juicio ha sido y es altamente mediático, debemos tener en cuenta que no son los únicos presos políticos que hay en España. Estos últimos años hemos ido viendo cómo el aparato represivo del Estado ha ido aumentando, con casos como los chicos de Altsasu, los CDRs, raperos, twitteros, titiriteros y diferentes organizaciones sociales.
Debemos englobar todo esto dentro de un contexto más amplio, y entender el aumento represivo en la coyuntura histórica que vivimos. Cuando un sistema político o económico entra en crisis, este mismo reacciona a la defensiva para seguir reproduciendo su legitimidad. En Europa, por ejemplo, hemos visto el auge de la ultraderecha como consecuencia de la crisis del 2008, que hizo temblar el sistema económico mundial, y de ahí precisamente surgieron los movimientos ultraderechistas que están dispuestos a todo para seguir defendiendo el statu quo económico (y seguir profundizando en él).
En España, además de haber sufrido con gran intensidad la crisis del 2008 y como consecuencia también de esta misma, se ha puesto en entredicho la legitimidad del Estado como garante de derechos y como herramienta capaz de construir un Estado-nación. Es en este contexto donde ha resurgido la lucha política entre la burguesía catalana (a la que luego se le ha unido gran parte del pueblo catalán) y la española, y es precisamente por esta lucha política por la que hoy en día están presos los líderes del procés, y es por esto mismo por lo que son irrefutablemente presos políticos. Sí, presos políticos.