El 13 de enero de 1898, el intelectual francés, Émile Zola, escribe J’Accuse (Yo acuso), un artículo sobre el Caso Dreyfus, por el cual el capitán Alfred Dreyfus fue condenado al destierro y la cadena perpetua por el delito de alta traición. El artículo de Zola fue toda una revelación del verdadero escándalo, y es que Dreyfus había sido acusado falsamente por razones antisemitas.
Cuatro años antes, en 1894, el Ministerio de Guerra francés había interceptado un documento dirigido a un militar alemán. El ruido político y social que podía generar era más importante que la propia filtración, necesitaban encontrar cuanto antes un culpable. Dreyfus, de origen judío y alsaciano, fue elegido como autor del documento. Lo arrestaron, juzgaron y declararon culpable, obligándole a cumplir sentencia en la Guayana francesa, a más de 7.000km de su familia.
Como acusaba Zola, el juicio había sido un despropósito. La prensa publicó mentiras e infamias sobre Alfred Dreyfus y el Estado Mayor había preparado a la opinión pública para ejercer presión sobre los jueces. El proceso tuvo lugar a puertas cerradas, pero se permitió que diferentes comandantes y prefectos asistieran a las audiencias, de manera completamente ilegal.
‘Caso Bateragune‘
¿No recuerda a algo? Con el tiempo se demostró que Dreyfus era inocente, que la acusación había sido interesada y el juicio claramente parcial… Lo que Alfred sufrió en 1894, también lo vivieron, pero en 2012, Arnaldo, Rafa, Sonia, Miren y Arkaitz, acusados de querer reconstruir el ilegalizado partido Batasuna. Se trata del Caso Bateragune.
Las detenciones en 2009 y la sentencia de 2012 fueron injustas, la repetición del juicio, casi una década más tarde, es simplemente humillante. Desde el comienzo del caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictaminado que la jueza no fue imparcial, ETA ha dejado las armas y se ha disuelto definitivamente. Mientras tanto, los cinco acusados ya han cumplido íntegramente su condena carcelaria. El Caso Dreyfus causó furor en Francia, como también lo hizo, en su día, el Caso Bateragune en España y Euskadi.
Bateragune no es un juicio, es un delito de odio. Como también lo es el caso Altsasu, o la supuesta caja B de Podemos, o el mismísimo Procés. El Estado español ha demostrado una y otra vez que las “garantías judiciales” se convierten en “posibilidades del azar” cuando se trata de causas que ponen en peligro el sistema territorial y económico del país.
Problema de Estado
¿Qué clase de “Estado de Derecho” es ese que proclama la Constitución en su primer artículo? Un Estado de Derecho que permite juicios partidistas, que se niega a dar su brazo a torcer y siempre debe tener la última palabra, incluso cuando su palabra ha perdido todo valor y toda autoridad. Parece que, como a Zola, no nos queda otra que acusar.
Yo acuso. Acuso al Jefe del Estado de ser el reflejo de la putrefacción. Acuso al Poder Judicial de estar comprado por rancias ideologías. Acuso al Presidente del Gobierno de participar de las infamias que amenazan a las identidades plurinacionales y a los agentes que buscan cambios estructurales. Acuso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de llevar a cabo montajes policiales contra civiles inocentes. Acuso a las élites económicas de sustentar una España llena de odio y violencia contra quienes buscan la emancipación real del género humano.
Decía Lenin que la revolución “puede estallar no sólo con motivo de una gran huelga, o de a manifestación callejera, o de una sublevación militar, sino también con motivo de cualquier crisis política, como el caso Dreyfus, o de un referéndum en torno a la separación de una nación oprimida”. ¿Con qué causa te quedas tú?